El Grupo Popular solicitará mañana al Gobierno, desde la Diputación, la rebaja fiscal agraria para este año

El Partido Popular quiere que el Gobierno de Usero diga claramente si está a favor o no del principal sector económico de Almería.

 

17, jul, ’08.- El pleno extraordinario de la Diputación Provincial de Almería, que se celebrará mañana a instancias de la solicitud realizada por los diputados del Partido Popular, recogerá en sus puntos del orden día todos propuestos por este partido, debatirá una propuesta del PP para instar al Gobierno de la Nación a que autorice la Rebaja Fiscal al campo almeriense, lo que ha negado repetidamente, amparándose en que no existen pérdidas por causas excepcionales como virosis o heladas. El acuerdo, que debe aprobarse por el pleno, será trasladado al presidente del Gobierno y al Ministerio de Economía y Hacienda. José Fernández, portavoz del Grupo Popular en la Diputación quiere que el presidente de la institución, Juan Carlos Usero, demuestre claramente si está a favor o no del principal sector económico de la provincia votando a favor de lo que pide el campo almeriense de forma desesperada.

En los últimos meses las asociaciones y sindicatos agrarios han manifestado la situación de crisis que vive el sector en la provincia, crisis que comenzó aproximadamente en el año 2002 y que ha aumentado en los últimos años, especialmente por la subida de materias primas, y recursos imprescindibles, como el gasóleo, con un incremento superior al 100%, o los fitosanitarios, que han crecido un 200% en los últimos cuatro años. La producción almeriense se está estancando, los precios de liquidación han bajado, mientras que los costes de producción han crecido un 3% cada año.
A esto hay que sumar el esfuerzo, no sólo económico llevado a cabo por los agricultores almerienses para producir integradamente, y combatir las plagas mediante la llamada «lucha biológica», que se ha realizado principalmente en la campaña inmediatamente anterior, la que ahora se cierra. Esfuerzo que coincide en el tiempo con una situación generalizada de crisis económica que ha afectado a todos los sectores, principalmente a la construcción en España, que han arrastrado consigo al resto.

Los diputados populares entienden que es necesario que se revisen de «manera permanente» los módulos del IRPF, pero también que se adopten medidas que «corrijan la situación económica  que sufre el sector hortofutícola y que mejoren la rentabilidad del agricultor almeriense», ya que, como han manifestado los propios agricultores, «se venden hortalizas a precios similares a la década de los noventa o por debajo de aquellas cifras. En este sentido, hay que recordar que en junio de 2006, el Gobierno de la Nación aprobó una rebaja fiscal en el IRPF de 2005, para los productores hortícolas del Poniente almeriense, estableciendo un índice del 0,18.
Lo que es más, el precio de venta es menor al de producción, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. La Diputación está obligada al fomento y administración de los intereses peculiares de la provincia, y a su desarrollo  y fomento económico y social, y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo a las competencias de las demás Administraciones Públicas, tras la modificación de la Ley de Bases operada por la Ley 57/2003; por lo que este asunto entra dentro de sus competencias, pese a lo expresado por los portavoces del equipo de Gobierno de la Diputación Provincial.

El Partido Popular ha solicitado, en el Congreso, Senado, Parlamento andaluz, y toda Administración en la que se encuentra presente, que se produzca esta rebaja. Hasta ahora, los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Manuel Chaves han hecho «oídos sordos», incluso, en el caso del consejero de Agricultura, el almeriense Martín Soler, se ha justificado la postura oficial, diciendo que es imposible aplicar una rebaja inmediata, cuando en años anteriores, con menos casos registrados, se ha producido, emplazando a una futura reducción permanente, que no resuelve los problemas a los que se enfrenta el campo de Almería de cara a la próxima campaña.

Ligado a la agricultura, aunque no de forma exclusiva, se encuentra el problema del abastecimiento de agua de los distintos municipios de la provincia. La falta de conexiones desde la desaladora de Carboneras con el Almanzora, Galasa, Tabernas y otras zonas de la provincia, y la derogación del Plan Hidrológico Nacional, sustituido por un Plan Agua que no se ha materializado, han condenado a zonas de la provincia a la falta de agua, la necesidad de comprar cubas para abastecerse en épocas, como el verano, que son especialmente secas.
Esta precariedad que viven comarcas como el Levante almeriense, hacen necesario intervenir de inmediato. Para ello, el Partido Popular solicitará en pleno que se de cuenta en el próximo pleno ordinario del «Diagnóstico preventivo de captación y situación de riesgo en la provincia de Almería», realizado previamente. Con los datos concretos especificados y compartidos por todos los grupos de la Diputación, si la situación lo requiere, que se habiliten los suplementos de crédito, así como créditos extraordinarios, para cumplimentar el diagnóstico, y, más importante, que las necesidades de abastecimiento domiciliario sean declaradas de «emergencia», para que se acometan de inmediato.

El marco legal, nuevamente, ampara la intervención de la Diputación, y sus competencias en este aspecto, ya que el artículo 25.2.i) de la Ley 7/1985, LBRL, mantiene que es «competencia propio de los Ayuntamientos el suministro de agua»; el artículo 26.1.a) de esa misma Ley, dice que «los municipios por si mismos, o asociados, deberán prestar en todo caso el servicio de abastecimiento domiciliario de agua». El artículo 31.2.a), por su lado, establece que «son fines propios de la provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular: asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal».

La Diputación Provincial, como Ayuntamiento de todos los Ayuntamientos, especialmente de aquellos que cuentan con menos recursos, recoge el testigo de estas obligaciones, en un tema tan delicado como éste, que afecta a miles de vecinos de la provincia.