El pleno solicitado por el Partido Popular se celebrará el 18 de julio con una revisión íntegra de la evolución de los Planes Provinciales, el Pacto Local Andaluz, y las posibles responsabilidades del reconocimiento extrajudicial de créditos de los ejercicios 2006 y 2007 aprobado por el pleno el 18 de marzo
Finalmente será el próximo 18 de julio cuando se celebre el Pleno Extraordinario solicitado el pasado día uno por los diputados del Grupo Popular de la Diputación de Almería. El portavoz Popular en la Diputación, José Fernández, quiere a Usero, presidente de la institución, en un debate serio, sin condiciones, en el que discutir algunos de los temas que los populares consideran prioritarios y más urgentes para la provincia, por lo que esperan que haya unanimidad en unas cuestiones que son “coherentes con la gestión realizada por esta agrupación en las distintas corporaciones”, y de indudable trascendencia, como son el estado de la provincia, la ejecución de los Planes Provinciales, el Pacto Local Andaluz, y las posibles responsabilidades del reconocimiento extrajudicial de créditos de los ejercicios 2006 y 2007 aprobado por el pleno el 18 de marzo.
Tal vez el punto más trascendente del orden del día, sea la propuesta para celebrar, en el primer trimestre de cada año, un Pleno Extraordinario con un único punto del orden del día: “El Estado de la Provincia”; donde deberá discutirse la situación real de Almería, como se hiciera años atrás, cuando el Partido Popular gobernaba la Diputación Provincial. “No se trata de entablar enfrentamientos estériles”, mantienen los diputados populares, sino de analizar “rigurosamente” las necesidades de la provincia, a la vez que todas las formaciones políticas aportan sus ideas y propuestas.
Por otro lado, aunque podría hacerse de la misma forma que la convocatoria del próximo pleno, con la solicitud de la cuarta parte de los miembros de la Corporación, éste no es el deseo de los populares, que quieren que sea el propio presidente el que lo convoque. No en vano, la Ley 7/195, LBRL, y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Diputación, recogen la posibilidad de los plenos extraordinarios, y entre ellos, el referente al “Estado de la Provincia”, donde se detallarán las debilidades, fortalezas y oportunidades de la provincia, “en un ejercicio de democracia que redunda en la transparencia de lo que realmente ocurre en la institución provincial”.
Planes Provinciales
Otro punto a tratar el día 18 será el de la ejecución de los Planes Provinciales, ya que, según los datos recogidos por la web del Ministerio de Administraciones Públicas, en el Seguimiento del Programa C.E.L. – anualidad 2007, a día 2 de junio de 2008, la consecución de las obras previstas es del 14,29%, tres de 21 aprobadas. La media andaluza es de 16,67%, 50 de 737, y la española del 24,10%, 721 de 4.177; lo que sitúa a la provincia almeriense en un puesto nada deseable, 2,4 puntos por debajo de Andalucía y 10,2 de España. Esto conlleva graves perjuicios, “especialmente la falta de inversión real en los mismos”.
A esto se suma que, “en los últimos tiempos, se viene modificando, refundiendo, anulando obras de los distintos Planes Provinciales pertenecientes a varios ejercicios”, sobre todo por falta de financiación, lo que hace que los planes queden “desvirtuados”. Por ello, se propone que se llegue al acuerdo de que, en el último pleno ordinario de cada trimestre, el diputado delegado responsable de la elaboración y ejecución de los distintos Planes Provinciales de cuenta de la marcha de los mismos, tal y como recoge el artículo 46.2.e) de la Ley 7/85, LBRL.
Pacto Local Andaluz
Un acuerdo vital para el desarrollo de los municipios almerienses, es el relativo al Pacto Local Andaluz, para el cual el Grupo Popular propone al pleno instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que presente en el Parlamento Andaluz el proyecto de Ley de Pacto Local Andaluz; y que, si se aprueba este acuerdo, se traslade a la consejera de Gobernación; ya que son casi trece años de retraso los que existen, desde que Carmen Hermosín, consejera de Gobernación y Justicia en ese entonces, presentara en a finales de 1995 en Consejo de Gobierno el documento que recogía las propuestas de lo que había de ser este Pacto.
El objetivo entonces era clarificar el ámbito competencial de la Administración Local, para que pudiera atender con la mayor eficacia y eficiencia dichas competencias, a la vez que se acercaba a los ciudadanos. Supone un compromiso con la descentralización de la gestión, hacia unas entidades más próximas a los habitantes de los municipios, que la propia Comunidad Autónoma, y a quien, en primera instancia, acuden cuando les surge algún problema, y que hacen suya una labor para la que no tienen el personal suficiente, o partidas presupuestarias ajustadas, siendo la Administración Pública que menos ha crecido en este sentido en los últimos años, frente a los entes autonómicos, que han visto aumentar sus ingresos de forma espectacular.
El pacto, trae una simplificación de la organización administrativa, y una prestación más certera y adecuada, a la vez que implica un ahorro en el gasto público. No hay que olvidar que los Ayuntamientos no tienen establecidas unas competencias concretas, como pasa con las Comunidades, en la Constitución, aunque sí tenga reconocida su autonomía por la Carta Magna. El Tribunal Constitucional, concluyó que “el desarrollo de la autonomía loca está, por consiguiente, en manos del legislador del Estado y autonómico, según la distribución constitucional y estatutaria de competencias”.
Responsabilidades del reconocimiento extrajudicial de créditos
Por último, pero no menos importante, el Partido Popular quiere lograr el acuerdo en cuanto a exigir responsabilidades personales que procedan como consecuencia del “Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos procedentes de los ejercicios 2006 y 2007″ aprobado por el pleno el 17 de marzo de 2008, y que ya recurrió en su momento, quedando resuelto por el equipo de Gobierno en un pleno posterior. Este Grupo ve indicios de la posible vulneración de preceptos legales como la Ley General de Subvenciones, el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
El propio informe del secretario general y el interventor general, al objeto de la resolución del recurso de reposición del Grupo Popular, afirma que:
A) Apartado 4 del informe: “…Respecto a estas facturas, se observa que, parte de ellas, se corresponden con gastos de naturaleza subvencional para los que debió seguirse el procedimiento regulado en la Ley General de Subvenciones”;
“… Sin ánimo a justificar las actuaciones generadoras de los citados gastos,…”
“…, las obligaciones nacen de la Ley, de los contratos y cuasicontratos, así como de los actos y omisiones ilícitos en los que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.”
“… En definitiva, y sin perjuicio de las consecuencias que, al amparo de la normativa vigente puedan derivarse por las actuaciones que han provocado los gastos, …”
B) Apartado 5 del Informe: “En caso de apreciarse fraccionamiento de contratos, … Incluso si el encargo se ha realizado mediante actos que puedan considerarse nulos, …”
En tanto que la Ley marca que los miembros de las Corporaciones Locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por sus actos y omisiones, y que estas Corporaciones pueden exigir dicha responsabilidad por dolo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios contra ella o terceros, si estos hubiesen sido indemnizados por ésta; el Partido Popular de la Diputación considera más que necesario despejar toda duda que pueda albergarse en este sentido, y, si existe culpabilidad, que se actúe en consecuencia.
